El papel de las políticas estatales en la emergencia de una economía rentística – financiera (Argentina 1976-1983)

Autoras: Graciela Inda y Celia Duek*

A partir del golpe de estado de 1976 se impone en la Argentina un nuevo patrón de acumulación del capital que subsiste hasta hoy. En su historia moderna, el país ha conocido tres patrones. El primero, basado en la producción y exportación de materias primas agropecuarias, se inicia con la capitalización de la ciudad de Buenos Aires y la unificación nacional hacia 1.880 y con la incorporación asimétrica al mercado mundial capitalista. Con la crisis de 1930 tal modelo muestra signos de agotamiento, surgiendo una segunda forma de acumulación capitalista, centrada en una industrialización sustitutiva de importaciones orientada al mercado interno. Este régimen se desarrolla, con intensidad variable, hasta mediados de los años setenta, cuando emerge el modelo llamado neoliberal, “rentístico-financiero” o aperturista. Se trata del abandono del capitalismo productivo basado en la dupla beneficio / salario y de la adopción de un capitalismo de renta con eje en la especulación financiera.

La forma de acumulación que se construye entonces sobre las ruinas del proceso de industrialización, mantiene hoy toda su vigencia. Los cambios políticos de la década del 80, aún cuando fueron avances significativos, no implicaron una reorientación de la estrategia económica impuesta por la fuerza por los gobiernos militares.

Esta ponencia se ocupa del papel que ha jugado el Estado en esa transformación de la economía y de los cambios que las políticas económicas producen en la estructura social, tanto en los sectores dominantes como en los dominados. Dilucidar el rol del Estado adquiere importancia ya que se ha convertido en un lugar común afirmar la desaparición del poder del Estado en favor del poder económico. Sin embargo, es para nosotros imposible entender la expansión del capital monopólico y de la renta financiera sin la constante intervención del Estado.

Hoy es habitual pensar, aún en relación a los países centrales, que en la fase actual del capitalismo de internacionalización del capital y conformación de grandes multinacionales, el poder económico absorbe el poder del Estado, como si cuanto más aumentara y se concentrara la potencia económica, menos poder tuviera el aparato estatal.

Tal posición desconoce al menos dos cosas. Una, que el Estado no posee poder propio sino que es la condensación material de una relación de fuerza entre las clases presentes en una formación social. Otra, que interviene decisivamente en la concentración económica.

El Estado, al tiempo que ha renunciado a buena parte de sus compromisos con los intereses de las clases populares y con ciertos segmentos de la producción, ha intensificado su actuación en favor de la centralización y la concentración económicas.

Ahora  bien, ¿cuáles son los pilares de la reorientación de la economía argentina?, ¿a través de qué políticas estatales se logró?, ¿a qué cambios en la relación de fuerzas entre los distintos sectores se asoció?, y por último ¿cuáles fueron las consecuencias sociales?

El proyecto impulsado por la dictadura militar en el período 1976-1983 fue un proyecto antipopular, excluyente y regresivo, que apuntó a lograr un disciplinamiento social generalizado mediante una profunda reestructuración productiva y un cambio drástico de la antigua estructura de relaciones económicas y políticas.

A través de dos elementos esenciales, la liberalización generalizada de los mercados y la apertura económica al exterior, la política del régimen militar procuró modificar radicalmente la estructura económica del país, su base social de sustentación y su inserción en la división internacional del trabajo.

En este sentido, el programa del gobierno militar abandonó definitivamente la orientación industrialista vigente en el país de una u otra forma desde 1930. La industria ya no sería como en las décadas pasadas el factor dinamizador del conjunto de la actividad económica. En palabras de Azpiazu, Basualdo y Khavisse:

"El proceso militar se propuso [...] revertir la dinámica y las condiciones productivas generadas por la industrialización sustitutiva debido a su 'supuesta' ineficiencia respecto del mercado internacional, la discriminación que acarreaba en relación a la producción agropecuaria y especialmente por las condiciones sociales y el tipo de alianzas políticas a que daba lugar y que constituían la base de sustentación de los sucesivos proyectos populares" [1] .

Veremos entonces a través de qué intervenciones estatales se efectuó esta modificación del perfil productivo tendiente a revertir el proceso de industrialización y a desarticular a las clases y fuerzas sociales que lo sustentaron [2] .

 Según el diagnóstico del nuevo gobierno, el principal y más urgente problema de la economía era la elevada tasa de inflación, originada en la puja distributiva y el déficit fiscal. En consecuencia, consideró necesario recomponer la por entonces “distorsionada” estructura de precios relativos. Apuntando al “sinceramiento” de los precios, durante la gestión del ministro de Economía de Videla, J. A. Martínez de Hoz, se anunció la liberalización generalizada de los precios, reemplazando el sistema de control de precios por parte del Estado por uno de libertad de precios [3] . Sin embargo, esta pauta tuvo una excepción: la fuerza de trabajo. Se anunció un congelamiento salarial por tres meses y se decidió que en adelante se fijarían los incrementos salariales por debajo de la inflación.

Esta contención de los salarios nominales -que supuso un deterioro del salario real de más de un 30%- fue planteada como medio para controlar la inflación, pero también sirvió, lógicamente, para asegurar bajos costos de mano de obra a las empresas. Pero para poder efectivizar esta drástica medida se emprendieron acciones con vistas a impedir toda posible resistencia. Además de las medidas represivas de detención de numerosos dirigentes y trabajadores y de la ocupación de plantas industriales por fuerzas combinadas de seguridad, la suspensión de las actividades gremiales, la supresión del derecho de huelga, la disolución de la CGT, las reformas de leyes laborales, la eliminación de las convenciones colectivas en materia salarial, fueron algunas de las disposiciones orientadas al disciplinamiento de los trabajadores. Algunos partidos y organizaciones de izquierda de “marcada tendencia marxista” fueron disueltos y sus dirigentes asesinados.

Aunque estemos analizando fundamentalmente la política económica, hacemos mención a estas medidas políticas del gobierno porque conformaron el marco de condiciones requeridas para el nuevo modelo de acumulación. En efecto, sólo este régimen político antidemocrático y represivo podía en ese momento garantizar el éxito del plan económico liberal de Martínez de Hoz.

Lograda aquella reducción del nivel de los salarios -con efectos recesivos pues provocó una drástica caída del consumo- se decidió afrontar la cuestión de la inversión. En concreto, se desreguló la inversión extranjera, otorgándole a las empresas extranjeras igualdad de derechos respecto de las de propiedad nacional. Las leyes de promoción industrial, por su parte, posibilitaron el acogimiento de las empresas de capital extranjero y de transferencia de tecnología.

En cuanto a la política de comercio exterior, la apertura económica fue su nota más distintiva. Se eliminaron regulaciones y subsidios, se redujeron los derechos de exportación de productos agropecuarios y, lo más importante, se bajaron considerablemente los aranceles de importación con el objeto de permitir que la competencia externa limitara el alza de los precios de los productos nacionales que dejaban de ser protegidos. Se esperaba además que con la desactivación de las disposiciones proteccionistas se forzaría a la industria local a mejorar sus productos ante la apertura a la competencia internacional.

Sin embargo, el acelerado proceso de apertura de la economía -en el que se inscribieron un programa quinquenal de reducción de los aranceles de importación, la incorporación de los gravámenes extraarancelarios al arancel de importación y la consiguiente fijación de un nivel máximo para éste, la supresión de aranceles a los insumos no producidos en el país, etc.- no tuvo como resultado la convergencia de precios ni un importante freno de la escalada inflacionaria; menos aún una reconversión en la industria argentina.

El sistema impuesto de libre mercado, en los hechos, hizo que importantes sectores se dediquen a la importación, reemplazándose así la producción por especulación. El cierre masivo de fábricas fue el producto directo de esta apertura y de las altas tasa de interés ofrecidas.

Es que la competencia con los productos externos era despareja. En primer lugar, porque muchos productores del exterior gozaban de un acceso mucho más favorable al crédito y entonces tenían menor incidencia de los costos financieros, y en segundo lugar, porque los precios de las importaciones se encontraban en muchos casos fijados arbitrariamente por grandes oligopolios que trataban de eliminar a los productores locales para lograr un mercado cautivo y luego reacomodar sus precios (dumping). Se entiende entonces que el liberalismo económico de los militares haya significado el fin del patrón de acumulación centrado en una industrialización sustitutiva.

Mirado el fenómeno más de cerca, resalta sin embargo el hecho de que la apertura no fue “indiscriminada”, sino -como lo describen Azpiazu y Nochteff- “discriminatoria y asimétrica”, en el sentido de que mientras se desprotegía a muchos sectores se mantenían las protecciones de otros:

"Se protegió de las importaciones a las ramas con ventajas comparativas, a las intensivas en recursos naturales, a las oligopólicas y a las productoras de bienes no diferenciados. A la vez, se redujo brusca y profundamente la protección a los sectores más intensivos en mano de obra calificada, en conocimientos tecnológicos y en ingeniería, a los menos oligopolizados y a los productores de bienes más diferenciados. En síntesis, se protegió al capital concentrado y se desarticularon las ramas vinculadas al capital menos concentrado y a los profesionales y a los obreros calificados, todos ellos importantes en las alianzas económico-sociales que sustentaron el proceso económico y social de la posguerra" [4] .

El comportamiento del comercio exterior en el período, muy relacionado naturalmente con esta nueva política aperturista, consistió en una expansión de las ventas al exterior (concentradas cada vez más en un reducido número de productos agropecuarios y mineros), y, después de 1979, en un aumento aún mayor de las importaciones (éstas sí diversificadas). Aunque generalizado, el boom importador fue fuerte en los bienes de consumo durables (electrodomésticos), en los suntuarios y en el rubro armamentos. Así, el comercio exterior se convirtió en una fuente de drenaje de divisas, que sólo pudo sostenerse a través del endeudamiento externo.

Para contener el déficit fiscal se inició una "racionalización" del aparato estatal, reduciendo personal. El gasto en personal se achicó también de manera significativa por el congelamiento salarial. En cifras, el gasto en personal que en 1975 representaba el 31,8% del gasto total pasó a representar en 1983 el 18,8% [5] . No obstante, a nivel global, el gasto gubernamental (en porcentaje del PBI) se incrementó en diez puntos a lo largo del período. Esto significa que se produjo una importante modificación en su composición. De hecho, los intereses de la deuda pública, por un lado, y la remuneración de los encajes impuestos al sistema bancario, por otro, fueron algunas de las erogaciones que ganaron espacio en la estructura del gasto público.

Sucede que la redefinición del Estado que se proyectaba no apuntaba sólo a su achicamiento, sino principalmente a una reorientación de su papel. Se redujeron los gastos en educación y salud y se incrementaron las partidas militares y de seguridad, eliminándose de esta manera la redistribución de ingresos hacia las clases populares. Mientras tanto, a través de otras medidas como los estímulos fiscales de la promoción industrial, la creciente regresividad en la estructura impositiva y la contratación de las empresas públicas con un reducido número de firmas oligopólicas, el Estado realizaba transferencias hacia los grandes grupos económicos [6] . Además, las empresas productivas del Estado se endeudaron con el exterior, otras se privatizaron, y se acabaron las transferencias que a través de los derechos de exportación se hacían desde el sector agropecuario al Estado.

Con el objetivo también de subsanar el “desequilibrio fiscal”, se aumentaron las tarifas (transporte público, por ejemplo) y la presión tributaria. En los tres primeros años lo recaudado por impuestos se duplicó en valores relativos (proporción del PBI). También se modificó la composición de la estructura impositiva, volviéndose ésta mucho más regresiva. En concreto, ganaron terreno los impuestos indirectos y se redujeron los directos. Disminuyó la participación de los impuestos al comercio exterior y al trabajo (por el desmoronamiento de los salarios) y aumentó la del impuesto al valor agregado (IVA), a las actividades lucrativas y los impuestos internos.

Debe destacarse que estas diversas políticas de ingresos, si bien inicialmente posibilitaron reducir el déficit, a la larga fracasaron en este objetivo esencial.

Junto a la política de ajuste, otro aspecto importante de la política económica de este gobierno fue la reforma financiera de 1977, por la cual el sector financiero pasaba a ocupar un rol hegemónico en la absorción y reasignación de los recursos:

"La liberalización de las tasas de interés, de la asignación del crédito por parte de las entidades financieras, de los requisitos para la expansión de las mismas (podrían participar en el capital de otras entidades), así como para la instalación de nuevas entidades -de capital nacional o extranjero- y sucursales, constituyen algunos de los aspectos centrales de la reforma que, como tales, ejercerán una influencia decisiva en el desenvolvimiento futuro de la economía, en la transferencia intersectorial de ingresos, en la propia dinámica de la acumulación de capital y en las formas adoptadas por el poder económico dominante" [7] .

Con esta reforma, se limitaba a su mínima expresión el control del Estado en ese campo, pero se mantenía la garantía de devolución de depósitos a cargo de la Nación, al tiempo que el sector financiero privado adquiría un rol más activo. Durante el período en estudio -puede sostenerse- se subsidió vigorosamente a este sector.

Liberadas las tasas de interés, las mismas subieron ante una política de contracción monetaria, al tiempo que se contrajo el nivel de actividad económica. En otras palabras, la reforma financiera afectó en forma negativa las actividades productivas (estancamiento del PBI per cápita) al tiempo que alentaba la valorización especulativa, dada la creciente rentabilidad de las colocaciones financieras. A partir de esa iniciativa, el capital industrial adoptó una lógica de corto plazo, en la que los aspectos financieros pasaron a primar por sobre los productivos, influyendo las decisiones en materia de inversión en bienes de capital y de creación e incorporación de tecnología.

"En esa estrategia, la valorización financiera tenía más peso que la producción, y los activos fijos pasaron a tener importancia primordialmente como garantía para tomar nuevos créditos, que luego se destinaban a la especulación y no a la expansión de la capacidad productiva. Estas empresas se convirtieron, entonces, como señala Schvarzer, en agentes financieros que tenían una fábrica. En función de este juego, las plantas industriales se compraban y se vendían como parte de la especulación, dando lugar a que muchas empresas cambiaran de dueño reiteradas veces en un lapso reducido de tiempo" [8] .

Además, a nivel de financiamiento del sector industrial, se produjo una transformación estructural a partir de la reforma. Esto es, si en los años pasados el sistema financiero se orientaba a subsidiar a la producción industrial por medio de tasas de interés reales negativas, a partir de entonces, las tasas para el sector se tornaron positivas, provocando una redistribución de ingresos desde la industria hacia las actividades financieras, y determinando que el costo financiero pasara a ser un componente importante de los costos de las actividades productivas. Además, al ser la tasa de interés más elevada que la tasa internacional, se abría una diferenciación en la financiación de proyectos de inversión según el tipo de empresa: las grandes firmas podían acceder a créditos externos, obteniendo tasas mucho más bajas que las que obtenían las pequeñas y medianas empresas en el ámbito local.

Por otro lado, en el contexto internacional de bajas tasas de interés y sobreoferta de capitales líquidos, esto estimulaba el ingreso de recursos desde el exterior, pero de índole especulativa:

"Estos flujos externos eran, en su mayoría, capitales especulativos, por lo que, en lugar de fortalecer las estructuras productivas internas, alimentaban la valorización financiera de carácter cortoplacista. Por otra parte, contribuían a incrementar la inestabilidad del sistema y las debilidades del mercado cambiario, ya que, al retirarse, extraerían más divisas de las que habían ingresado, debido a las ganancias que habían devengado ínterin. De allí que, con el transcurso del tiempo, se agravaba el desequilibrio potencial en el mercado de divisas, incrementando el riesgo de devaluación y, por lo tanto, presionando aún más el alza de las tasas de interés, perpetuando un mecanismo perverso de destrucción del aparato productivo y especulación financiera, mientras se generaba una pesada deuda externa que hipotecaría el futuro del país" [9] .

En realidad, en el contexto de liquidez en los mercados financieros mundiales de la segunda mitad de la década del 70, la mayoría de los países de América Latina comenzaron a jugar un importante rol como tomadores de créditos. Éstos estaban destinados en gran parte a financiar sus déficit comerciales o fiscales (y en algunos países -no es el caso de Argentina- a completar su proceso de industrialización). La Argentina no escapaba a la regla, más aún, la reforma financiera del 77 que liberalizaba por completo los movimientos de capitales con el exterior, la convertía en un receptor de recursos privilegiado, pero como se ha dicho, no para resolver sus problemas productivos sino para solventar la especulación, destruyendo su aparato productivo e hipotecando su economía.

La combinación de apertura comercial y retraso cambiario tuvo como consecuencia un prolongada recesión y estancamiento a nivel de la economía en su conjunto. Analizando la evolución del producto bruto interno, vemos que en el marco de la industrialización sustitutiva de importaciones, el país había experimentado hasta 1974, una tasa anual promedio de crecimiento de la economía cercana al 2,5%. Pero a partir de 1975 con el agotamiento del modelo de acumulación orientado al mercado interno se visualiza una marcada desaceleración, comprobándose incluso tasas negativas de crecimiento. En efecto, entre 1980 y 1985 la tasa anual media de crecimiento del PBI fue de -1,4% [10] . Esta caída del PBI está expresando una situación de sostenido estancamiento en cuanto al desarrollo del sistema productivo.

En cuanto al impacto de las medidas sobre las distintas clases y fracciones observamos un acentuado deterioro de la situación de los asalariados en cuanto a nivel de ingresos y condiciones de vida,  por un lado, y una mayor participación y control sobre la producción del capital monopólico o de las grandes empresas oligopólicas en detrimento del pequeño y mediano capital, por otro lado. Los pequeños y medianos propietarios nacionales fueron duramente castigados por las políticas neoliberales, mientras que dentro del sector dominante avanzaron los capitales diversificados por sobre los especializados. El nuevo bloque dominante que se consolidó a partir de 1976 está conformado por capitales nacionales y extranjeros: los grupos económicos y las empresas transnacionales diversificadas y / o integradas [11] .

Según Mario Rapoport, “las medidas tendían a una transformación de la estructura de los precios relativos, que descargaban el peso del plan de ajuste sobre los asalariados, mientras se trataba de compensar los impactos negativos sobre el sector empresario con otros positivos. La reducción de los aranceles y de los reintegros a las exportaciones industriales, por ejemplo, se contrapesaba con la devaluación, mientras la contracción de la demanda interna como consecuencia de la depresión de los salarios se equilibraba con la mejor posición exportadora. En este sentido, se provocaba una transferencia intersectorial de ingresos que no apartaba demasiado al programa de otras experiencias liberales del pasado, aunque en este caso la devaluación y la disminución de las retenciones a las exportaciones permitían al sector agropecuario un aprovechamiento integral de las nuevas condiciones, lo que lo diferenciaba un tanto de la experiencia de Krieger Vasena” [12] .

Las drásticas y permanentes modificaciones en la estructura de precios relativos -cabe señalar- limitaban considerablemente la estrategia empresarial de mediano y largo plazo, en lo referido a programación de la inversión y de la producción en un área de actividad determinada. En cambio, favorecía a quienes por su posición estructural estaban en condiciones de desplazar sus excedentes de manera rápida hacia otras áreas de actividad o hacia otros sectores o incluso hacia otros países, lo cual suponía una dinámica de transferencia de ingresos entre los distintos agentes económicos.

Además el impacto de la política económica liberal fue distinto según los segmentos del capital y el tipo de actividad. La estrategia de apertura externa y las medidas de corte recesivo que tendían a contraer el mercado interno, tuvieron como consecuencia el reposicionamiento relativo de los sectores: los servicios y el área de los energéticos (petróleo, gas) aumentaron su participación en detrimento de los sectores productores de bienes, especialmente de aquellos expuestos a la competencia internacional. Si se analiza la composición del PBI al comienzo y al final del período (1975-1983) se observa que los sectores más perjudicados fueron los relacionados con el mercado interno y aquellos cuyos productos competían con los importados (construcción e industrias manufactureras) [13] . La contracara de la contracción de la industria (su participación cae un 12%) fue la expansión, ligada a su salida exportadora, de los sectores agropecuario y minero (19% y 29% respectivamente). Por otro lado, también es notable el crecimiento del sector de los servicios de electricidad, gas y agua (47%), y especialmente del sector financiero (sobre todo entre 1976 y 1980, cuya contribución al PBI crece un 40%; después desciende para situarse en 1983 en un 10% por encima de su nivel al inicio del Proceso) [14] .

Los elementos sustantivos de la política económica se mantuvieron con el cambio de autoridades de 1981, aunque se procuró moderar ciertos efectos a través de sucesivas devaluaciones y regulación de los mercados. El endeudamiento siguió siendo una de las características sobresalientes del proceso económico.

La deuda externa expresaba en la Argentina de ese momento un caso de “endeudamiento para especular”. Las altas tasas de interés ofrecidas en el país daban lugar a un flujo masivo de capitales extranjeros, pero de signo especulativo, es decir, orientados al mercado financiero. El dólar artificialmente bajo atraía capitales que buscaban obtener elevados intereses. Pero esto se traducía después en una salida de divisas al exterior o “fuga de capitales”, que se iban multiplicados “sin haber generado una sola inversión productiva”.

"La dictadura militar endeudó severamente al país, pero los recursos obtenidos no se aplicaron a la inversión productiva o al mejoramiento tecnológico, sino que sirvieron para endeudar las empresas públicas, subsidiar a los nuevos grupos económicos y realizar cuantiosos gastos de defensa [...] El endeudamiento privado fue transferido al Estado y los mismos intereses que habían contribuido a endeudarlo serán los posteriores compradores de las empresas públicas con los bonos de una deuda externa devaluada" [15] .

Llevada a cabo la estatización de la deuda externa privada en 1982 [16] , el país debió recurrir en adelante a un financiamiento internacional que pondría estrictas condiciones de ajuste (achicamiento del Estado, reducción del gasto público, privatizaciones).

Pero analicemos un poco más cuáles fueron las consecuencias de la intervención  económica de la dictadura militar sobre la estructura social.

 A partir de la instrumentación de ciertas disposiciones como el congelamiento salarial, la liberalización de precios, la devaluación, y sumado a las restricciones presupuestarias que afectaron la inversión pública y a la incertidumbre que condicionó el nivel de la inversión privada, la demanda interna de bienes industriales se contrajo ampliamente. Esto potenció el impacto depresivo que el encarecimiento del crédito industrial, el deterioro de los precios respecto de los agropecuarios y la eliminación de los incentivos a la exportación generaban sobre la oferta industrial. Además, el efecto recesivo generado por el retraso cambiario (sobre todo en las industrias productoras de bienes transables) se profundizó al entrar en vigencia la política de estímulo a las importaciones (reducción de aranceles y otras medidas). Por último, un elemento que contribuyó a la crisis del sector es la continua elevación de las tasas de interés reales en un marco de atraso relativo de los precios industriales y de creciente endeudamiento de las empresas. 

En el plano industrial, entonces, el efecto de la política económica se puede resumir acertadamente en dos expresiones: "desindustrialización" y "regresividad en la distribución del ingreso manufacturero". Ahora bien, ¿cuáles son los indicadores que dan cuenta de estas tendencias?

En primer término, la contracción de la actividad industrial se refleja en la insólita evolución del PBI industrial, cuyo valor en 1983 mostraba un retroceso de un 10% respecto del de 10 años atrás (1973) [17] . El comportamiento de otros indicadores hacia el final del período (1983) y tomando como año base 1974 también muestra con elocuencia el patrón de conducta de la industria. El volumen físico de la producción se contrajo un 10%, aunque es un dato interesante para señalar que hacia 1982 llegó a caer un 17%. Asimismo, por la expulsión sistemática e ininterrumpida de trabajadores, el número de obreros ocupados en el sector disminuyó un 34%; el salario real cayó un 17% (37% para 1978), el costo salarial casi un 19% (43% para 1976); al tiempo que aumentaron la productividad horaria de la mano de obra (30%) y la jornada media de trabajo (6%). Finalmente, la relación productividad / costo salarial, es decir, la distribución interna del ingreso industrial, revela una creciente apropiación del excedente por parte del sector empresarial (incremento del 69%) [18] .

De algunas de las cifras precedentes se pueden deducir los mayores niveles de explotación de la fuerza de trabajo, posibilitados por el conjunto de intervenciones políticas tendientes a “disciplinar” a la clase obrera y neutralizar por la fuerza el poder sindical (recordemos que durante el gobierno peronista anterior los sindicatos habían aumentado su margen de acción, impidiendo que la recesión iniciada en 1975 tuviera como variable de ajuste el llamado factor ocupacional).

Analicemos más en detalle algunos de esos datos. La drástica disminución del nivel salarial desde el inicio de la gestión militar puede ser tomada como uno de los “logros” más importantes de la política económica del régimen. En 1976, con el congelamiento de los salarios nominales y la liberalización de los precios, el salario real de los trabajadores sufrió en pocos meses un recorte de casi el 33%. Después de diversas fluctuaciones (siguió cayendo en los años 77 y 78, se recuperó un poco en los años 79 y 80, volvió a caer en 1981 y 1982) en 1983 con la crisis del régimen y cierta recuperación de la capacidad de presión de los trabajadores se registró una buena recomposición salarial (aunque sin llegar a los niveles previos al golpe), profundizada por los aumentos otorgados por las nuevas autoridades democráticas.

Es también interesante el dato de la relación productividad / costo salarial pues denota la redistribución regresiva del ingreso industrial durante el período. Si crece la productividad de la mano de obra y decae el costo salarial de la misma significa que el excedente captado por la parte empresaria se incrementa:

"En otras palabras, más allá de su destino específico, el capital industrial se apropió de la totalidad de los recursos generados por la mayor productividad de la mano de obra y, también, de la pérdida de ingresos de los asalariados del sector. Esta significativa transferencia de ingresos desde los sectores obreros al capital aparece como una constante desde el mismo inicio de la gestión militar. En 1976, más precisamente en los primeros nueve meses del mismo, se verifica un cambio total y profundo en las tendencias -conflictivas- prevalecientes hasta allí. En efecto, como producto de la pronunciada contracción salarial y el leve incremento de la productividad, el excedente sectorial apropiado por el sector empresario se incrementó en el 56,1%, redistribución de ingresos que no tiene precedentes históricos, más aún si se considera su concreción en tan corto plazo" [19] .

A nivel de producción, la crisis persiste durante casi todo el período y recién a mediados de 1982 y más decididamente en 1983, con las devaluaciones, las restricciones a las importaciones y la “licuación de pasivos” de muchas firmas, se ve cierta recuperación en el sector industrial.

Ahora bien, la caída de la producción durante el lapso 1973-1983 no fue homogénea en los diferentes tipos de bienes: creció la participación de los bienes intermedios en el total de la producción y decreció la de bienes de consumo (fundamentalmente durables). La crisis tampoco fue homogénea en los diferentes estratos de concentración: fue menor en las ramas altamente concentradas que en las mediana y escasamente concentradas, lo que resultó en un aumento de la participación del primero de estos estratos, o también, en un crecimiento de la incidencia de los mercados oligopólicos.

Paralelamente a esto -como sostienen Azpiazu y otros- comenzaron a predominar los tipos de empresas que hasta entonces no habían ejercido el liderazgo del proceso de acumulación: los grupos económicos y las empresas transnacionales diversificadas y / o integradas. Como contrapartida, declinó la participación de las empresas nacionales independientes y de las extranjeras especializadas. Además, se puede establecer una relación entre los fenómenos: los tipos de empresa que aumentaron su dominio en la industria (grupos económicos y transnacionales diversificadas) fueron a la vez quienes ampliaron su participación en el estrato de las ramas altamente concentradas. Son también esos tipos de empresa los que incrementaron su participación en los bienes intermedios (los únicos que crecieron en el contexto de una industria en destrucción): producción de hierro y acero, refinación de petróleo y elaboración de sustancias químicas industriales.

Entonces, si es cierto que la industria fue el sector más afectado durante el proceso militar (desaparecieron muchas pymes e incluso algunas grandes firmas extranjeras) no es menos cierto que la expansión de las nuevas fracciones dominantes se explica fundamentalmente por su creciente presencia en esta actividad. El proceso de desindustrialización, en consecuencia, debe ser pensado en conjugación con otro de igual trascendencia: el de concentración. A la vez que se acotaron las dimensiones de la estructura industrial, por la desaparición de establecimientos de los sectores menos poderosos del capital, se concentró la propiedad en manos de los grupos económicos y empresas transnacionales diversificadas.

Por algunas de sus particulares características estructurales, este tipo de empresas pudo “aprovechar” mejor que otras la política económica del régimen militar. A partir de la reforma financiera, por ejemplo, las empresas productivas de estos grupos, en virtud de la vinculación estrecha que mantenían con firmas financieras controladas por el mismo grupo económico, tuvieron un acceso fluido al crédito, a tasas diferenciales, en momentos en que la carencia de recursos de financiación llevaba a muchos a la quiebra o al cierre de sus firmas. Por otra parte, el amplio espectro de actividades que cubrían y la integración vertical existente entre ellas permitió a estas nuevas fracciones hegemónicas participar alternativamente en las actividades que aparecían en cada momento como las de mayor tasa de retorno, transferir recursos de unas empresas a otras, y centralizar las operaciones de compra / venta entre las empresas del mismo capital.

En las actividades en las que el Estado era un importante productor se registró un desplazamiento del mismo a favor de los capitales aludidos, no sólo a través de las privatizaciones sino también por otros mecanismos (por ejemplo, inactividad o bajos  emprendimientos del Estado en áreas claves en las que estaba presente como la siderurgia y el petróleo, lo que permitía una rápida expansión de las grandes empresas privadas).

Por último, el predominio de los grupos económicos y empresas transnacionales diversificadas se habría relacionado con las nuevas orientaciones del aparato estatal. En efecto, la oferta y demanda de bienes y servicios, el manejo de los precios relativos y del crédito, el acceso diferencial a los avales o garantías oficiales, le posibilitó a la maquinaria estatal reasignar el excedente hacia los sectores en cuestión.

En cuanto a las secuelas del modelo en las condiciones de vida hemos hecho referencia a la caída del salario real y al sesgo regresivo de la distribución del ingreso. Del análisis de la evolución del salario directo en las distintas formas de acumulación se infiere que el crecimiento de las desigualdades en el modelo aperturista fue inédito. En el primer año de la gestión militar, la participación de los salarios en el ingreso nacional descendió del 44 al 28%. Susana Torrado explica entonces que:

"Mientras el justicialismo promovió el progreso de los trabajadores en la distribución del ingreso nacional y el desarrollismo los hizo retroceder pero dentro de patrones que pueden considerarse históricos, el aperturismo provocó una ruptura cualitativa de dichos patrones instaurando desigualdades no conocidas hasta su aparición en la sociedad argentina" [20] .

El deterioro del salario real se tradujo en una caída del consumo de los trabajadores, principalmente de los bienes durables, pero también de los básicos (alimentos y bebidas). Se registró además un aumento de la “pobreza crítica” por la pauperización de segmentos pertenecientes a la clase obrera y a la llamada “clase media” (pequeña burguesía). La disminución del gasto social en el presupuesto nacional también impactó negativamente sobre la distribución de ingresos. Se introdujo el arancelamiento en hospitales públicos (exceptuando a quienes acreditaran ser “pobres”), se fijó un tope máximo de ingresos para acceder a planes de vivienda y se transfirieron escuelas y hospitales nacionales hacia la jurisdicción provincial. La asistencia del sector público se acotaba con esto cada vez más a los estratos en situación de extrema pobreza. Otro factor que operó regresivamente en la distribución de ingresos fue la financiación del sistema previsional, cuando en 1980 se eliminó la contribución empresaria al sistema y esto fue compensado por impuestos al consumo.

El problema de la vivienda, y con éste el del deterioro del nivel de vida, se vio agravado con la liberación del precio de los alquileres, después de 30 años de regulación estatal. Los valores de locación aumentaron y se multiplicaron los desalojos, al tiempo que crecieron las dificultades para acceder a la vivienda propia con el encarecimiento del crédito público.

En síntesis, el país mostraba hacia 1982, y como resultado de la estrategia económica descripta, un escenario de aguda contracción económica por la disminución de la producción y de la demanda interna; desindustrialización; descenso de la inversión productiva en provecho de la especulación financiera; importante incremento de la deuda externa (estatizada); empeoramiento de las condiciones de vida de amplios sectores y distribución regresiva del ingreso por la reducción del salario real y el retroceso de las políticas públicas sociales. Todo esto sumado a una gran vulnerabilidad en la toma de decisiones económicas por parte del Estado, ya que los futuros programas deberían ser aprobados por la banca acreedora. Entretanto, los objetivos explícitos de control de la inflación y de las cuentas públicas no se habían alcanzado.

La transferencia de ingresos se dio principalmente desde los salarios hacia los beneficios empresarios, fundamentalmente financieros. Y además de la repartición entre trabajadores y empresarios, como vimos, la puja distributiva se extendía al interior de los sectores del capital, en donde obtuvieron ventaja los grupos económicos y las transnacionales diversificadas y / o integradas, a expensas de las pequeñas y medianas empresas independientes y de las especializadas. Este es el “nuevo poder económico” (capitales de antigua existencia en el país pero que pasaban a ocupar el centro del proceso de acumulación) que emergió como producto del proyecto centralizador, excluyente y marginador del liberalismo económico.

En conclusión, puede afirmarse que durante el régimen militar iniciado en 1976 logró imponerse en la Argentina un nuevo proyecto dominante, exitoso en su intento por refundar estructuralmente el modelo de acumulación. El control sobre el aparato del Estado permitió desarticular la estructura económico-social consolidada por varias décadas de industrialización sustitutiva. Se buscaba remover las propias bases económicas y sociales del modelo industrialista en cualquiera de sus variantes y a eso se orientaron las políticas. El efecto indudable fue una redistribución del ingreso desde los sectores asalariados hacia los no asalariados por la caída del salario real, el redimensionamiento del mercado laboral, el cambio sectorial de la ocupación y el empeoramiento de las condiciones de trabajo. Y también una crisis que afectó de manera desigual a las distintas fracciones de la clase dominante: aumentaron su poder económico (y su capacidad de imponer sus intereses en el terreno estatal) los segmentos más concentrados de la burguesía nacional y los capitales extranjeros que estaban integrados y / o diversificados mediante la propiedad de múltiples empresas, mientras que perdieron importancia los capitales que controlaban unas pocas empresas y mercados.

Para terminar, apuntemos con Rapoport que:

"[...] se había logrado un éxito rotundo en los objetivos implícitos de transformar radical e irreversiblemente la dinámica económico-social, al sentarse las bases de un nuevo modo de acumulación basado en la reprimarización de la producción, la reinserción exportadora y el liderazgo de un reducido conjunto de grupos económicos. La fragmentación del poder y la necesidad de acuerdos entre diversos sectores sociales para establecer el rumbo económico, características del pasado, habían sido definitivamente superadas, dando paso a la conformación de un nuevo establishment que impondría su criterio en las décadas siguientes y lograría su consolidación. Los sectores de la pequeña y mediana industria, las clases medias y los trabajadores, en cambio, perderían gran parte de su capacidad de influencia y se verían cada vez más afectados por las reestructuraciones posteriores del nuevo modelo y por la descarga sobre sus espaldas de los costos de largo plazo del experimento de Martínez de Hoz" [21] .